La petición de Alberto Gonzalez Amador para acceder al secreto profesional de los periodistas hace peligrar la libertad de prensa en España.
Judith Victoria Cherquis
Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado al Tribunal Supremo que se intervengan las comunicaciones de seis periodistas. La medida incluiría revisar llamadas, mensajes y ubicaciones de los últimos nueve meses. La petición se enmarca en la investigación sobre la filtración de un correo electrónico que implicaba al empresario en presuntos delitos fiscales.
Esta solicitud ha generado críticas por su potencial impacto en el secreto profesional, un derecho protegido por la Constitución Española. Este derecho, descrito en el art. 20, garantiza la confidencialidad entre los periodistas y sus fuentes. La petición afecta a profesionales de medios como la Cadena SER, eldiario.es y El Plural, cuyas comunicaciones podrían ser objeto de escrutinio si el tribunal accediera.
SLAPP: el uso del miedo para silenciar
En este contexto también se enmarca la estrategia de las SLAPP (litigios abusivos contra periodistas). Este tipo de acciones judiciales no buscan ganar en tribunales, sino intimidar y desgastar económica y emocionalmente a los medios. En el caso de González Amador, su petición al Tribunal Supremo para intervenir los teléfonos y mensajes de periodistas como Miguel Ángel Campos y redactores de medios como eldiario.es o El Plural es un claro ejemplo de esta práctica.
La jurisprudencia y la Constitución protegen a los periodistas
La jurisprudencia española ha establecido de manera clara que los derechos fundamentales de los periodistas, como el secreto profesional, no pueden ser vulnerados en el contexto de una investigación judicial. Joaquim Bosch, magistrado, señala que “no todo vale” cuando se trata de investigar posibles delitos, y subraya que este tipo de medidas podrían sentar un peligroso precedente para la libertad de prensa.
Por otro lado, González Amador alega un supuesto derecho a proteger su intimidad tras la filtración del correo, en el que se reconocían dos delitos fiscales. Sin embargo, expertos y juristas destacan que este argumento no justifica la intervención de comunicaciones privadas de terceros.
Un trasfondo político y una cortina de humo
La petición del empresario también se inscribe en un contexto político complejo, dado su vínculo con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Algunos analistas señalan que este movimiento podría actuar también como una cortina de humo, desviando la atención de las acusaciones por fraude fiscal y falsificación de documentos que pesan sobre él.
Miguel Ángel Campos, periodista de la Cadena SER, ha calificado esta maniobra como un intento de censura que recuerda a “regímenes poco democráticos”. Por su parte, Ignacio Escolar, director de eldiario.es, ha denunciado que la causa busca intimidar a la prensa, creando un ambiente hostil para el ejercicio del periodismo.
La importancia del secreto profesional
El secreto profesional es una herramienta clave para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz. Sin este principio, las fuentes podrían temer represalias, dificultando la labor de los periodistas como garantes del derecho a la información.
En este caso, los medios afectados han defendido su actuación, argumentando que se limitaron a contrastar informaciones de interés general, cumpliendo con su responsabilidad de informar. Mientras tanto, organizaciones periodísticas han subrayado la necesidad de proteger este derecho frente a intentos de censura o presión.
