La FAPE y la APM condenan el hostigamiento a un equipo de TVE durante una protesta ante el Tribunal Supremo.
RBK
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) se une a la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) en su condena al acoso sufrido por un equipo de Televisión Española durante la cobertura de la concentración de jueces y fiscales ante el Tribunal Supremo el pasado 28 de junio. Ambas organizaciones rechazan firmemente cualquier forma de hostigamiento hacia los profesionales de los medios de comunicación.
La APM destaca que el derecho a expresar opiniones no debe vulnerar los derechos de los demás. El artículo 20 de la Constitución Española garantiza la libertad de información, un derecho que se ve comprometido cuando los periodistas son objeto de agresiones o impedimentos en su labor. La FAPE respalda esta postura y hace un llamado al respeto hacia la labor periodística en todo momento.
Solidaridad con los periodistas afectados
Las dos asociaciones apoyan a los periodistas de TVE que el acoso afectó y que temieron por su seguridad durante la concentración. Este gesto subraya la importancia de proteger a los profesionales que informan en situaciones complejas y bajo presión.
FAPE y APM solicitan a los organizadores de concentraciones y manifestaciones que adviertan a sus participantes sobre el respeto hacia el trabajo de los periodistas. Además, instan a las autoridades a adoptar medidas que garanticen la protección de estos profesionales, especialmente los de radio y televisión, que se identifican fácilmente y se convierten en objetivos para los más exaltados.
Incremento del acoso a periodistas en concentraciones
El hostigamiento a periodistas en concentraciones y manifestaciones ha aumentado significativamente en los últimos meses. En mayo de 2025, un equipo de TVE fue agredido verbalmente y obligado a retirarse durante una manifestación contra la reforma judicial, lo que el presidente de RTVE calificó como "inaceptable" . Además, en febrero de 2025, periodistas parlamentarios denunciaron ataques y amenazas por parte de personas acreditadas en el Congreso, que se hacían pasar por informadores . Estos incidentes reflejan un patrón preocupante de acoso a la prensa en espacios públicos y políticos.
