La OPA del BBVA sobre el Sabadell fue aprobada por la CNMC con compromisos reforzados para proteger a pymes y consumidores. La decisión final recae en el Ejecutivo.
Judith Victoria Cherquis
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado luz verde a la OPA hostil lanzada por el BBVA para adquirir el Banco Sabadell. Tras una reunión de más de nueve horas, el regulador ha aceptado una serie de compromisos propuestos por el banco vasco para evitar impactos negativos sobre consumidores y empresas. Sin embargo, la operación no está cerrada: ahora será el Gobierno quien decida si amplía, modifica o rechaza las condiciones planteadas.
Condiciones acordadas y papel del Gobierno
Aunque el regulador no ha impuesto condiciones legales, sí ha pactado una batería de compromisos con el BBVA. Estos deberán ser validados por el Ejecutivo, que tiene capacidad para ampliarlos o reducirlos por motivos de interés general. El Ministerio de Economía dispone de 15 días para analizar el caso, y el Consejo de Ministros contará con un mes adicional para tomar la decisión final.
El Gobierno ya se ha mostrado contrario a la fusión por el posible impacto en el empleo y la oferta bancaria en Cataluña y la Comunidad Valenciana.
El acuerdo garantiza que los clientes del Sabadell mantendrán el acceso a cajeros en las condiciones actuales durante un periodo de 18 meses. También se mantendrán las condiciones en los servicios de medios de pago. Además, se creará una cuenta bancaria destinada a personas vulnerables, con condiciones favorables.
Refuerzo en el crédito a pymes
La CNMC ha centrado buena parte de su análisis en el acceso al crédito por parte de pymes y autónomos. El BBVA se compromete a no reducir los préstamos a las empresas que tengan al menos el 85% del crédito con BBVA o Sabadell. En Cataluña y Baleares, donde la cuota conjunta supera ciertos umbrales, el blindaje alcanzará a empresas con al menos el 50% del crédito con ambas entidades. También se protegerá el crédito a corto plazo, inferior a un año. Estos compromisos tendrán una vigencia de tres años, aunque los relativos al crédito a pymes podrán prorrogarse hasta 2030.
El BBVA mantendría oficinas en municipios con un solo competidor o sin presencia bancaria en un radio de 300 metros, así como en zonas rurales con menos de 1.000 habitantes o con rentas inferiores a 10.000 euros. También conservaría sucursales orientadas a empresas. En áreas donde el nuevo banco tenga una posición dominante, conservaría las condiciones comerciales actuales. Además, se aplicaría una política comercial nacional para pymes, con precios medios unificados.
Postura del Sabadell y método de análisis
El Sabadell ha criticado la metodología de la CNMC, y consideró que no refleja adecuadamente las consecuencias para las pymes. La entidad pedía un enfoque más duro, e incluso defendía la necesidad de obligar al BBVA a desprenderse de parte del negocio resultante para mantener la competencia. Finalmente, la CNMC optó por medidas de comportamiento, como ya hizo en fusiones anteriores.
La decisión ha sido tomada por la Sala de Competencia, compuesta por cinco consejeros, entre ellos la presidenta del organismo, Cani Fernández. Completan el grupo Pilar Sánchez, Rafael Iturriaga, María Vidales y Pere Soler.
Carlos Torres Vila, presidente del BBVA, ha destacado que la operación permitirá aumentar en 5.000 millones de euros anuales la financiación a familias y empresas. Además, asegura que los compromisos asumidos favorecen la inclusión financiera y el acceso al crédito para pymes y autónomos.
