La cadena estadounidense ABC y su propietaria Disney han demandado al FCC, organismo que regula las emisiones de radio y televisión en Estados Unidos.
Judith Victoria Cherquis
Las compañías acusan a la agencia de utilizar sus competencias para castigar contenidos críticos con Donald Trump y piden a un juez que frene la revisión anticipada de las licencias de ocho emisoras de ABC.
La batalla de Donald Trump contra los medios estadounidenses ha entrado en un terreno más serio. Ya no se limita a ataques contra periodistas o programas críticos. Ahora está en juego el poder del Estado para decidir quién puede utilizar las ondas públicas para emitir televisión.
The Walt Disney Company, ABC y ocho emisoras de la cadena han presentado este martes una demanda contra la Comisión Federal de Comunicaciones FCC ante un tribunal federal de Washington.
ABC sostiene que la actuación de la agencia vulnera la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege la libertad de expresión y de prensa. Además, califica el procedimiento como una amenaza existencial para sus operaciones.
La FCC adelanta la renovación de ocho licencias de ABC
La FCC no concede una única licencia nacional a cadenas como ABC, NBC o CBS. Las licencias corresponden a las estaciones locales que utilizan el espectro radioeléctrico y resultan imprescindibles para emitir a través de las ondas públicas.
Las ocho estaciones afectadas no tenían que iniciar la renovación de sus licencias hasta 2028 como mínimo. Sin embargo, el pasado 28 de abril, la FCC, presidida por Brendan Carr, les ordenó comenzar el proceso varios años antes.
Según ABC, la agencia no había exigido una renovación anticipada semejante a una gran cadena desde hacía más de 50 años.
La FCC vincula la medida con una investigación sobre las políticas de diversidad, equidad e inclusión de Disney. La agencia estudia si algunas prácticas laborales pudieron vulnerar las leyes contra la discriminación. Disney lo niega.
ABC sostiene que esa investigación sirve como pretexto para ejercer presión sobre la cadena.
Trump ha pedido retirar licencias a cadenas críticas
El contexto constituye uno de los principales argumentos de la demanda.
Donald Trump ha reclamado públicamente en varias ocasiones que cadenas cuya cobertura considera injusta pierdan sus licencias de televisión. ABC figura entre sus objetivos habituales.
El conflicto alcanzó especial intensidad con Jimmy Kimmel Live. Kimmel ha convertido a Trump en objeto habitual de sus monólogos. En septiembre de 2025, Brendan Carr llegó a advertir de posibles consecuencias regulatorias para las estaciones que emitían el programa.
ABC suspendió temporalmente el espacio y Trump celebró públicamente la decisión.
La FCC también ha puesto el foco sobre The View, otro programa de ABC crítico con el presidente. La agencia ha cuestionado determinadas entrevistas políticas y su posible sometimiento a las normas que garantizan igualdad de oportunidades a los candidatos electorales.
Por separado, cada procedimiento puede tener una explicación administrativa. ABC pide al tribunal que observe el conjunto.
Trump ha reclamado que cadenas críticas pierdan sus licencias. El presidente de la FCC ha advertido de consecuencias regulatorias relacionadas con contenidos de ABC. La agencia ha abierto procedimientos sobre programas incómodos para la Administración y, finalmente, ha adelantado varios años la renovación de ocho licencias.
ABC denuncia una amenaza contra la libertad de prensa
Este es el núcleo de la demanda.
ABC sostiene que el Gobierno no puede utilizar una competencia regulatoria legítima para castigar a un medio por aquello que publica o emite.
La Primera Enmienda impide al Gobierno estadounidense castigar la libertad de expresión y de prensa. Pero esa protección perdería eficacia si una Administración pudiera conseguir de forma indirecta aquello que la Constitución le impide ordenar directamente.
No hace falta prohibir una noticia o un programa. Si una empresa sabe que una información, una opinión o un chiste sobre el presidente puede poner en peligro una licencia imprescindible para su actividad, la amenaza puede condicionar sus decisiones.
El derecho constitucional estadounidense denomina a este fenómeno chilling effect. Es el efecto disuasorio que una amenaza del poder puede ejercer sobre la libertad de expresión y que puede provocar autocensura.
Disney y ABC piden que intervenga la Justicia
Disney y ABC han solicitado una orden judicial de emergencia para impedir que la FCC continúe con la revisión anticipada mientras el tribunal estudia el caso.
ABC todavía tendrá que demostrar que existió una represalia política. Sin embargo, los hechos que rodean la demanda están documentados.
Trump ha pedido públicamente consecuencias para cadenas críticas. La FCC ha ejercido presión sobre contenidos de ABC y ha abierto procedimientos relacionados con algunos de sus programas. Además, ha adelantado varios años la renovación de ocho licencias que no vencían hasta 2028 como mínimo.
Ahora la Justicia deberá establecer dónde termina la regulación legítima y dónde empieza el castigo político.
Un Estado democrático puede regular el uso de las ondas públicas y exigir a quienes reciben una licencia que cumplan la ley.
Otra cosa muy distinta es utilizar ese poder para condicionar lo que emite un medio. El Gobierno puede conceder una licencia para utilizar las ondas públicas. Lo que la Primera Enmienda no le concede es una licencia para decidir qué puede decirse a través de ellas.
