Un Tribunal belga condena a dos periodistas del programa de Ana Rosa Quintana por vulnerar la privacidad de Puigdemont y Comín. Habían grabado y difundido mensajes privados.
Judith Victoria Cherquis
El Tribunal belga de Primera Instancia de Lovaina ha condenado a los periodistas españoles. Se trata de Fernando Hernández y Luis Navarro quienes deberán pagar 3.500 euros por daños y perjuicios. ¿A quienes? a Carles Puigdemont y Toni Comín. La sentencia considera que la grabación y publicación de mensajes privados entre ambos políticos constituye una violación de la privacidad según la legislación belga. Estos hechos se llevaron a cabo en enero de 2018
La condena y los hechos
El 30 de enero de 2018, durante un acto del partido independentista flamenco N-VA en Lovaina, Toni Comín asistió en representación de Puigdemont, quien decidió no acudir. Durante el evento, los periodistas Hernández y Navarro estaban sentados detrás de Comín. Gracias a la escasa distancia del político, lograron captar imágenes de mensajes que Puigdemont le enviaba a través de la aplicación Signal. Estos mensajes reflejaban el desánimo de Puigdemont respecto al proceso independentista y fueron difundidos al día siguiente en el programa de televisión de Ana Rosa Quintana.
Argumentos del tribunal
La corte belga determinó que la grabación de los mensajes se realizó sin el consentimiento de los implicados y que, a pesar de tratarse de figuras públicas, no se justifica la intromisión en su esfera privada. El tribunal enfatizó que el derecho a la información no ampara la obtención y difusión de comunicaciones privadas sin autorización.
Tras la difusión de los mensajes en 2018, Puigdemont y Comín presentaron una querella en Bélgica contra los periodistas y la presentadora Ana Rosa Quintana por violación de la vida privada. El abogado Christophe Marchand, representante legal de los políticos, subrayó que la captación y publicación de comunicaciones privadas sin consentimiento constituye un delito según el derecho belga, con penas de prisión de seis meses a tres años. Marchand aclaró que el objetivo de la querella no era encarcelar a periodistas, sino resaltar la importancia de respetar la vida privada.
Este caso ha reavivado el debate sobre los límites entre el derecho a la información y el respeto a la privacidad, especialmente en el contexto de figuras públicas y la cobertura mediática de asuntos políticos sensibles.
