Tras el contundente revés del Supremo, Iberdrola prepara un recurso ante el Constitucional mientras le acecha el caso Villarejo.
María Costajussà
La Iberdrola que preside Ignacio Sánchez-Galán sigue erre que erre. La ofensiva judicial contra José Antonio del Olmo, exdirectivo de la eléctrica, se inició en 2020 con demandas ante varios juzgados bilbaínos, después de que este filtrara facturas correspondientes a pagos al excomisario José Manuel Villarejo en el marco de una supuesta guerra sucia contra el presidente de ACS, Florentino Pérez. El pasado mes de setiembre, Iberdrola recibió una rotunda sentencia del Tribunal Supremo contraria a sus posiciones, pero la eléctrica no se da por vencida.
En un primer momento, presentó un incidente de nulidad ante el propio Supremo, que ha sido desestimado. Ahora se plantea llevar su batalla judicial ante el Tribunal Constitucional mediante un recurso de amparo, según ha reconocido la propia empresa. Fuentes conocedoras del mundo judicial daban por cerrado este asunto a la luz de la contundente sentencia que dictó el Tribunal Supremo y no auguran beneficio alguno a esta última rabieta del presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez-Galán. Más bien lo contrario, un considerable aumento de sus riesgos reputacionales.
Las perspectivas de este recurso son muy complicadas para Iberdrola porque el Tribunal Constitucional no es una tercera instancia judicial. No volverá a examinar la sentencia sino si se vulneró algún derecho fundamental de la compañía.
Y mientras tanto, subsiste otro procedimiento judicial en la Audiencia Nacional para dilucidar las responsabilidades penales derivadas de los contratos de la eléctrica con Villarejo. En esta causa, el fiscal solicita elevadas penas para los implicados, entre ellos el antiguo responsable de seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, para quien pide 42 años de prisión, con la posibilidad de que Iberdrola deba asumir responsabilidad civil subsidiaria. Es en esta causa penal donde radica el verdadero riesgo jurídico y reputacional que ahora mismo pesa, como una extraordinaria losa, sobre Iberdrola.
Contundente revés del Tribunal Supremo a la Iberdrola de Sánchez Galán en defensa de la libertad de información.
Al inicio del procedimiento ya sentenciado por el Tribunal Supremo, Iberdrola decidió demandar por "violación del secreto empresarial" a su exdirectivo, que había dejado la compañía en 2016, al considerar que actuó con ánimo de perjudicar a la empresa al depositar ante un notario copias de abultadas facturas de pagos al excomisario y a empresas de detectives, como Kroll, para desestabilizar a quienes consideraba sus enemigos: la empresa ACS y su presidente, Florentino Pérez. Estas mismas facturas aparecieron luego publicadas en un destacado medio de comunicación.
El periplo judicial de este proceso resulta sorprendente. En las dos primeras sentencias de los juzgados bilbaínos se da la razón a Iberdrola. Pero cuando Del Olmo, lejos de amedrentarse, acude al Tribunal Supremo, se produce un vuelco total, con una sentencia que le da completamente la razón en materia de secreto empresarial. Y no solo ello, sino que esta alta instancia judicial va mucho más allá y crea un importante precedente a favor de la libertad de prensa, la transparencia pública y la total protección de las fuentes de información.
Todo ello se apoya en la Directiva (UE) 2016/943, que señala que "la protección de los secretos comerciales no debe ampliarse a los casos en que la revelación de un secreto comercial sirva al interés público, en la medida en que permita poner al descubierto una falta, irregularidad o actividad ilegal que guarden relación directa con dicho secreto comercial". La propia Directiva refuerza este principio en su artículo 5, que protege expresamente el ejercicio de la libertad de expresión e información, incluida la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación. En definitiva, el interés público y el respeto a la libertad de expresión están por encima de las triquiñuelas que puedan ampararse bajo el denominado "secreto empresarial".
La "confidencialidad empresarial" no puede atropellar la libertad de prensa.
Es más, la sentencia del Tribunal Supremo añade un matiz de gran importancia. No es necesario que el denunciante o informante tenga certeza absoluta de que se ha cometido un delito. Basta con que tenga sospechas razonables sobre infracciones reales o potenciales. Y la empresa no puede adoptar represalias mediante acciones penales o civiles por una revelación lícita. Este punto es fundamental para la libertad de información y el funcionamiento de los medios de comunicación, porque evita el "efecto disuasorio" para futuras fuentes.
La colección de pifias judiciales que acumula Ignacio Sánchez-Galán, parece destinada a engordar. Dentro de este bagaje cabe recordar las demandas judiciales que promovió Iberdrola contra Repsol por su publicidad, a la que acusó de "ecopostureo". Tanto su reclamación ante Autocontrol como su demanda judicial fueron desestimadas íntegramente. Y, para colmo, poco tiempo después, su filial en el Reino Unido, Scottish Power, recibió una sanción por publicidad engañosa.
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