La jueza de Madrid, Adelaida Medrano, abre procedimiento penal contra periodistas por una presunta revelación de secretos.
Judith Victoria Cherquis
Una jueza de Madrid ha abierto un nuevo procedimiento penal contra tres periodistas por presunta revelación de secretos. La investigación responde a una denuncia del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por la publicación de actas del registro que la Guardia Civil practicó en el despacho del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
El Juzgado de Instrucción número 20, dirigido por la magistrada Adelaida Medrano, ha citado a declarar en octubre a informadores de eldiario.es, El Español y El Plural.
Esta es la segunda causa abierta por hechos similares. En la primera, también en manos de Medrano, están imputados periodistas de El País, El Mundo y 20 Minutos, que declararán en los próximos días.
la FAPE y APM Subrayan que los informadores están cumpliendo con su deber constitucional al informar sobre un caso de interés público y que la judicialización de su trabajo pone en riesgo derechos fundamentales recogidos en la Constitución, como el secreto profesional y la cláusula de conciencia.
Denuncias cruzadas por filtraciones en la causa del Supremo
Ambas causas tienen su origen en quejas presentadas en el marco de la investigación del Tribunal Supremo sobre el acceso al correo del empresario. La primera fue interpuesta por la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez. La segunda, ahora en curso, se debe a la denuncia presentada por la defensa de González Amador. La pareja de Díaz Ayuso, atribuye a la Fiscalía la filtración del acta del registro y acusa a los medios de "deformar la realidad procesal".
La pareja de Ayuso, sin pruebas concretas, atribuyó estas “revelaciones continuas” a la Fiscalía y acusó a estos medios de “deformar la realidad procesal” y “verter manifestaciones descalificatorias” contra el Tribunal Supremo. (eldiario.es)
La controversia se inició en noviembre de 2024 cuando varias partes del proceso cruzaron acusaciones por la difusión de información reservada. Los fiscales acusaron a la prensa de recibir informes incompletos y sesgados. Un día después, González Amador respondió con una queja propia contra eldiario.es, El Español y El Plural.
El contenido clave de las actas del registro
Las actas publicadas correspondían al registro llevado a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) en la sede de la Fiscalía General del Estado, en la calle Fortuny. Ese documento oficial reflejaba el momento exacto en que los agentes inspeccionaron el móvil de García Ortiz.
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) pidió al juez Ángel Hurtado que investigara si el fiscal general había accedido a su teléfono en presencia de la teniente fiscal del Supremo durante el registro. Un testigo, Salvador Viada, afirmó haberlos visto en el patio central de la Fiscalía con el dispositivo. Sin embargo, reconoció después que no tenía pruebas de que lo manipularan. El juez solicitó imágenes de las cámaras de seguridad, aunque más tarde se confirmó que dichas cámaras no existen.
Las actas, publicadas por los medios denunciados, demostraban que cuando García Ortiz fue visto con su colaboradora en el patio, la Guardia Civil ya había concluido su análisis del teléfono. Además, ese dato figuraba en el documento oficial en manos del juez, lo que echaba por tierra las sospechas iniciales sobre manipulación de pruebas.
Rechazo firme del periodismo profesional ante las causas judiciales
La apertura de estas causas ha encendido las alarmas en el sector periodístico. La Asociación de la Prensa de Madrid (APM), una de las entidades más representativas del gremio, ha expresado su profunda preocupación por el impacto que estos procedimientos pueden tener sobre la libertad de información. Junto a la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), alertan de que se trata de un precedente inquietante que podría comprometer el ejercicio profesional del periodismo en asuntos de relevancia pública.
A esta preocupación se han sumado más de 50 periodistas especializados en tribunales, quienes firmaron un manifiesto en el que denuncian el efecto disuasorio que estas imputaciones pueden generar.
