El Consejo de Ministros aprueba la norma para controlar las actividades de influencia en la Administración mediante un Registro estatal de grupos de interés público y obligatorio.
Redacción
Un nuevo Real Decreto-ley busca regular de forma estricta el trabajo de representación ante el personal público. La normativa define qué colectivos tienen la consideración de lobby. Asimismo, el texto fija con claridad quiénes pueden recibir dichas presiones profesionales. La medida cumple con compromisos clave en materia de integridad democrática. Además, la iniciativa responde a las exigencias de los organismos internacionales. De esta manera, el Gobierno crea un Registro estatal de grupos de interés
Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, departamento encargado de proponer la ley, ha destacado la importancia del cambio. "El Gobierno de España cumple así su compromiso con la transparencia, la regeneración institucional y la calidad democrática. Tres piezas indispensables en el puzle de la confianza ciudadana", ha afirmado López.
Por primera vez, las normas éticas afectan al personal eventual y a los asesores de confianza. Por consiguiente, los cargos públicos deberán publicar todas sus reuniones en un plazo máximo de un mes.
Funcionamiento del Registro estatal de grupos de interés
La inscripción en esta plataforma oficial será gratuita, electrónica y obligatoria para las entidades. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno asumirá la supervisión de la herramienta digital. Asimismo, la institución podrá tramitar expedientes y aplicar sanciones ante los incumplimientos.
Las empresas y las organizaciones deberán aportar información sobre sus fuentes de financiación. De igual modo, los datos estarán accesibles para toda la ciudadanía a través del Portal de la Transparencia. Esta plataforma se conectará con los registros de las comunidades autónomas. Al mismo tiempo, el sistema compartirá datos con la Unión Europea.
En definitiva, las autoridades registrarán la huella normativa de cada proyecto legislativo. Con este mecanismo, el público podrá comprobar qué grupos de presión han participado en las leyes. El Registro estatal de grupos de interés refuerza de esta manera los estándares de control público.
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