El FBI registró la vivienda de una periodista del Washington Post y requisó su material de trabajo en una investigación sobre documentos clasificados.
Judith Victoria Cherquis
El 14 de enero de 2026, el FBI ejecutó una orden de registro en el domicilio de Hannah Natanson, periodista del Washington Post. Los agentes incautaron dispositivos utilizados en su trabajo, incluidos un teléfono, dos computadoras portátiles y un reloj inteligente. La reportera no figura como investigada. Sin embargo, la orden está vinculada a la pesquisa contra Aurelio Pérez-Lugones. Este contratista del Pentágono está acusado de retener información clasificada de forma ilegal.
Natanson había pasado el último año cubriendo los esfuerzos del gobierno de Donald Trump por despedir a trabajadores federales y reorganizar gran parte de la fuerza laboral federal. Su labor permitió documentar cómo empleados compartirion información sobre los cambios en sus departamentos. Igualmente, permitió analizar las consecuencias de estas decisiones.
La protección legal del trabajo periodístico
El caso plantea un conflicto directo con principios de la libertad de prensa. La recepción y custodia de información filtrada forma parte del trabajo periodístico y cuenta con protección de la Primera Enmienda. Además, la Ley de Protección de la Intimidad de 1980 restringe el uso de registros sobre material periodístico. Esto se aplica salvo en casos excepcionales, justamente para proteger la independencia de los medios y la confidencialidad de sus fuentes.
El registro se produce tras modificaciones en la política del Departamento de Justicia. En 2025, la fiscal general Pam Bondi eliminó restricciones que limitaban la posibilidad de allanar a periodistas en investigaciones por filtraciones. Esta decisión amplió el margen de actuación de las autoridades federales. Como resultado, se reabrió el debate sobre el alcance de la acción gubernamental frente a los medios de comunicación.
Reacciones y advertencias
Aunque Natanson no es investigada, el acceso a su material periodístico representa un precedente. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó la acción del FBI como una “acción extrema” . También advirtió que envía un mensaje preocupante a periodistas y fuentes. El presidente de la SIP declaró:
"La investigación de eventuales filtraciones de información no puede derivar en acciones que intimiden, criminalicen o inhiban el trabajo periodístico."
En un pronunciamiento paralelo, Manigault, presidente del grupo Evening Post Publishing Inc., manifestó:
"El allanamiento de la vivienda de una periodista y la incautación de materiales de trabajo envían un mensaje preocupante que puede generar un efecto disuasorio tanto en los periodistas como en sus fuentes."
La SIP recordó que, según su último informe semestral sobre la libertad de prensa en Estados Unidos, durante su segundo mandato, Donald Trump emprendió ataques directos contra los medios nacionales, impulsando demandas y ataques retóricos, y alentando a agencias federales.
Implicaciones para la libertad de prensa
Este caso refuerza un interrogante central: cuando la posesión de información filtrada se convierte en un motivo para intervenir el trabajo de los periodistas, el equilibrio entre seguridad nacional y derecho a la información queda en cuestión.
