De director de Interviú a dimitir en Moncloa y recibir el amparo de la APM en 2025.
Judith Victoria Cherquis
La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha aceptado la solicitud de amparo profesional presentada por Alberto Pozas Fernández. El periodista se encuentra procesado en la Pieza Separada n.º 10 de las Diligencias Previas n.º 96 de 2017 ante el Juzgado Central n.º 6. Se le imputa un delito de descubrimiento y revelación de secretos.
2015 origen del conflicto
En noviembre de 2015 se produjo el robo del teléfono móvil de una asesora de Pablo Iglesias. El dispositivo contenía información sensible y conversaciones internas de Podemos. Parte de esos datos llegaron a la redacción de la revista Interviú, propiedad del Grupo Zeta, cuando Alberto Pozas ejercía como director.
Según declaró más tarde el presidente del grupo, Antonio Asensio, la revista nunca publicó esa información y optó por entregársela directamente al propio Iglesias.
2016 filtración en medios digitales
En julio de 2016 parte del contenido del teléfono salió a la luz en OkDiario, que publicó pantallazos de chats internos de Podemos. En esos mensajes, Pablo Iglesias hacía comentarios despectivos sobre la presentadora Mariló Montero.
2018 y 2019 aparición en el caso Villarejo
El nombre de Alberto Pozas apareció vinculado a la investigación de la Audiencia Nacional sobre las actividades del comisario jubilado José Manuel Villarejo. Este declaró que Pozas le había entregado un pendrive con el volcado del teléfono robado.
La investigación situó a Pozas en la llamada “pieza Dina” o “pieza 10” del macroproceso conocido como caso Tándem.
2019 dimisión en Moncloa
En ese momento, Pozas era director general de Información Nacional en la Secretaría de Estado de Comunicación. Tras hacerse públicas las declaraciones de Villarejo, Pozas presentó su dimisión a Miguel Ángel Oliver, secretario de Estado de Comunicación.
En un comunicado reconoció que la situación lo estaba utilizando como arma contra el Gobierno y que no podía seguir en el cargo. También defendió que había aprendido que, en plena campaña electoral, cualquier asunto puede convertirse en una “bomba informativa”.
2025 amparo de la APM
La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) anunció el 24 de septiembre de 2025 que concedía amparo profesional a Alberto Pozas. La APM recordó que Pozas está procesado por un delito de descubrimiento y revelación de secretos dentro de la Pieza Separada n.º 10 de las Diligencias Previas n.º 96 de 2017, en el Juzgado Central n.º 6.
La Asociación argumentó que la actuación de Pozas al facilitar datos a un comisario formaba parte de sus obligaciones como director de Interviú. Por eso reclamó que el Grupo Zeta y sus sucesores debían asumir los gastos de su defensa legal, en virtud de una cláusula de protección jurídica que amparaba a los profesionales de la plantilla hasta 2018.
La APM subrayó que no cumplir con esa obligación suponía una condena anticipada para Pozas.
La responsabilidad del Grupo Zeta
El conflicto surge porque ni los antiguos propietarios del Grupo Zeta, los hermanos Asensio Mosbah, ni la actual propietaria, Ediciones Reunidas S. A., quieren hacerse cargo de los gastos de defensa. Sin embargo, existía una cláusula de protección jurídica que garantizaba cobertura legal a los profesionales de la plantilla hasta el 31 de enero de 2018, fecha en la que Pozas seguía vinculado a la empresa.
Esa cláusula contemplaba que el grupo debía ofrecer defensa jurídica con sus propios abogados y a su cargo ante cualquier querella o demanda derivada del trabajo en Interviú o Tiempo.
