Los trabajadores de la CRTVG inician una huelga indefinida en protesta por la privatización de la producción y el control político del ente.
RBK
La Corporación de Radio y Televisión de Galicia (CRTVG) se enfrenta a una huelga indefinida por primera vez en sus 39 años de historia. Los trabajadores denuncian la externalización de programas y la influencia de la Xunta del Partido Popular (PP) en contenidos y gestión de la cadena pública.
El conflicto se agudiza con la aprobación de una nueva ley que permitirá nombrar a dedo al director general y eliminará órganos internos de control.
El detonante
El detonante de las protestas ha sido la sustitución de A Revista, un programa de producción propia, por O Termómetro, un espacio similar coproducido con empresas privadas.
El comité de empresa asegura que esta medida supone un gasto público innecesario de hasta 16.000 euros al día y favorece a productoras afines al gobierno del PP.
Además, se acusa a la dirección de desmantelar la cadena y facilitar la manipulación informativa, lo que refleja un malestar general por un anteproyecto de ley que los sindicatos consideran que aumentará el control político sobre los medios públicos.
A la huelga
La huelga fue convocada inicialmente el 7 de octubre de 2024, pero podrá escalar a una huelga indefinida a partir del 16 de octubre si no se llega a un acuerdo con la dirección.
Hasta el momento, ha interrumpido parcialmente la programación, afectando la emisión de O Termómetro, que solo pudo transmitirse tras el paro. La dirección de la CRTVG, por su parte, minimiza el impacto de la huelga y asegura que la externalización no pone en peligro los empleos.
A estas tensiones se suma un juicio en curso contra directivos de la CRTVG, imputados por presunto acoso laboral contra una trabajadora crítica con la gestión. El comité intercentros ha anunciado que la huelga continuará si las negociaciones no prosperan.
La situación coincide con una reforma legislativa impulsada por la Xunta, que permitiría nombrar al director general sin necesidad de consenso político. Los sindicatos y la oposición consideran que esta maniobra refuerza el control del PP sobre los medios públicos gallegos.
