Ángel Zamarriego
La Junta de Inversiones Extranjeras del Ministerio de Economía ha denegado la OPA del grupo húngaro Magyar Vagon sobre Talgo por motivos de seguridad nacional.
El Gobierno español ha decidido bloquear la Oferta Pública de Adquisición (OPA) presentada por el grupo húngaro Magyar Vagon para hacerse con el control total de la empresa ferroviaria Talgo, argumentando razones de seguridad nacional. La decisión fue anunciada tras la reunión del Consejo de Ministros, marcando la primera del nuevo curso político.
Según la Junta de Inversiones Extranjeras del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, la denegación se basa en la normativa vigente en España sobre control de inversiones exteriores, que permite al Gobierno intervenir en operaciones que podrían afectar la seguridad y los intereses estratégicos del país. Esta normativa fue fortalecida durante la pandemia para evitar que firmas extranjeras adquirieran el control de empresas españolas aprovechando las caídas en bolsa.
El Gobierno subraya que Talgo es una empresa estratégica en un sector clave para la seguridad económica y la cohesión territorial de España. En su comunicado, el Ejecutivo mencionó que autorizar la operación habría presentado riesgos para la seguridad nacional, destacando que la información del expediente ha sido clasificada.
La negativa también se relaciona con dudas sobre la capacidad de las fábricas de Magyar Vagon en Hungría para resolver los problemas de producción de Talgo, y la preocupación por los posibles vínculos de la empresa húngara con Rusia y la extrema derecha, tal como advirtió en su momento el ministro de Transporte, Óscar Puente.
Tras el anuncio del Gobierno, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) suspendió la cotización de Talgo, que se reanudó horas después con una caída cercana al 9%, situando el precio de las acciones en 3,980 euros. Este retroceso en el valor de Talgo refleja la incertidumbre del mercado tras la decisión gubernamental de bloquear la OPA.
Este movimiento se enmarca en un contexto de creciente vigilancia sobre las inversiones extranjeras en sectores estratégicos de España, con el objetivo de proteger la soberanía y la seguridad del país.
