La APM, la FAPE, Reporteros Sin Fronteras y otras organizaciones profesionales cierran filas con elDiario.es y sus periodistas tras la querella presentada por Julio Iglesias.
Judith Victoria Cherquis
El apoyo a elDiario.es continúa creciendo tras la querella presentada por Julio Iglesias contra el director del medio, Ignacio Escolar, y los periodistas Elena Cabrera, Ana Requena, María Ramírez y Juanlu Sánchez. En los últimos días, asociaciones de periodistas, organizaciones de defensa de la libertad de prensa y representantes de los editores han expresado públicamente su respaldo a los profesionales. Además, han advertido del riesgo que este tipo de acciones judiciales supone para el ejercicio del periodismo.
La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha amparado a los cinco periodistas y se ha adherido al comunicado difundido por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE). Ambas entidades consideran que la querella atenta contra los derechos fundamentales a la libertad de expresión y a la libertad de información. Estos son dos pilares esenciales de una sociedad democrática.
Un apoyo cada vez más amplio
A la posición de la APM y la FAPE se han sumado otras organizaciones. Reporteros Sin Fronteras España (RSF España), el Club Abierto de Editores (CLABE), la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), el Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM) y la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS) han manifestado igualmente su respaldo a elDiario.es. También respaldan a los periodistas afectados.
Todas ellas coinciden en que el recurso a la vía penal en este tipo de casos puede tener un efecto disuasorio sobre la labor informativa y sobre el derecho de la ciudadanía a recibir información de interés público.
RSF alerta del efecto intimidatorio
Reporteros Sin Fronteras España ha expresado su preocupación por las consecuencias que este procedimiento puede tener para la libertad de prensa.
Su presidente, Alfonso Bauluz, considera que "el recurso a la jurisdicción penal para responder a informaciones de interés público resulta especialmente preocupante por el efecto intimidatorio que puede generar sobre el ejercicio del periodismo y el derecho de la ciudadanía a recibir información".
La organización recuerda que los periodistas deben responder ante los tribunales cuando se considera que han vulnerado derechos de terceros. Sin embargo, también subraya que existe una diferencia esencial entre el debate sobre la veracidad o el impacto de una información. Además, diferencia la utilización del derecho penal para cuestionar el ejercicio de la actividad periodística.
Además, RSF mantiene desde hace años la defensa de la despenalización de los delitos de injurias y calumnias cuando afectan a informaciones de interés público. De hecho, esa reivindicación figura entre las principales conclusiones de su último informe sobre la libertad de prensa.
El origen de la querella
Julio Iglesias acusa a elDiario.es de los presuntos delitos de injurias con publicidad, calumnias y un delito contra la integridad moral. La querella responde a la investigación publicada conjuntamente por el medio y Univisión Noticias. En esa publicación, varias antiguas empleadas domésticas del cantante formularon acusaciones de agresión sexual y trata de personas.
El artista rechazó esas informaciones y calificó las acusaciones de "rotundamente falsas".
La jurisprudencia respalda el derecho a informar
La FAPE considera que la querella constituye una acción abusiva e intimidatoria cuyo objetivo consiste en dificultar el libre ejercicio del periodismo. Además, busca silenciar al medio y limitar el derecho de la sociedad a recibir información.
Asimismo, la federación recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional establece que la libertad de expresión y el derecho a la información prevalecen sobre otros derechos. Esto sucede cuando las noticias son veraces, han sido contrastadas con la diligencia debida y responden a un evidente interés general.
Con este respaldo conjunto, las principales organizaciones profesionales del periodismo, la libertad de prensa y el sector editorial han cerrado filas en defensa de elDiario.es y de sus periodistas. Además, todas ellas coinciden en reclamar que el recurso a la vía penal no se convierta en un instrumento para condicionar el trabajo de los medios de comunicación. Tampoco debe condicionar el derecho de los ciudadanos a recibir información.
