El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha ordenado el cierre de 1.500 organizaciones no gubernamentales en Nicaragua. Con esta acción, son mas de 5.200 instituciones disueltas desde 2018. Este acto, parte de un plan de “reorganización”, busca consolidar un control totalitario, eliminando cualquier organismo que no se alinee con las directrices del gobierno.
RBK
El control totalitario del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha clausurado a 1.500 organizaciones no gubernamentales (ONG), muchas de ellas religiosas. Esta medida, sin precedentes, se enmarca dentro de una serie de acciones que buscan desmantelar cualquier forma de autonomía en la sociedad civil nicaragüense.
Desde las protestas populares que estallaron en abril de 2018, el gobierno nicaragüense ha cerrado más de 5.200 ONG, universidades, centros académicos y misiones humanitarias. El argumento es el supuesto incumplimiento de obligaciones fiscales. El Ministerio del Interior justificó estas acciones alegando que las ONG afectadas no reportaron sus estados financieros. Es decir, que estas organizaciones han incumplido las leyes que las regulan.
Cierre y confiscación de bienes
Además de cerrar estas organizaciones, el gobierno ordenó la confiscación de sus bienes y luego, que éstos se transfieran al Estado. Este hecho subraya el control absoluto que Ortega busca imponer. Entre las ONG clausuradas se encuentran la Asociación Cáritas Diocesana de Granada, la Fundación Casa de los Tres Mundos, y otras entidades religiosas, benéficas y sociales.
El gobierno sandinista justifica estas acciones alegando un proceso de “ordenamiento” necesario, pero opositores, como el exprecandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro, lo describen como un “zarpazo a la sociedad civil“. Este cierre masivo se produce días después de que Venezuela, un aliado cercano de Nicaragua, aprobara una ley similar para perseguir a críticos del presidente Nicolás Maduro. Esta coordinación entre ambos regímenes evidencia un patrón regional de estrategias represivas.
Barrida contra la sociedad civil
La nueva normativa impuesta por el gobierno obliga a las ONG a trabajar en “alianzas de asociación” con el Estado, arrebatándoles la autonomía sobre sus proyectos y recursos.
Amaru Ruiz, ambientalista y exdirector de la cancelada Fundación del Río, han calificado esta medida como una “barrida” contra la sociedad civil. La e¡intención, según Ruiz, es controlar la vida orgánica de las organizaciones y recursos que gestionan.
El impacto de estas acciones es especialmente grave para la Iglesia Católica, que ha sido un blanco recurrente del régimen, sufriendo más de 870 ataques en los últimos años. A finales de 2023, unos 30 clérigos fueron encarcelados y posteriormente enviados al Vaticano, como parte de la campaña represiva.
La ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han denunciado esta persecución sistemática contra organizaciones y personas que promueven la democracia y los derechos humanos en Nicaragua.
La CIDH instó recientemente al gobierno de Ortega a cesar “la represión generalizada y la persecución religiosa”, destacando que al menos 141 personas siguen detenidas arbitrariamente.
Medios y universidades también cerrados. Crece el aislamiento
El gobierno de Ortega también ha cerrado radios y universidades católicas, intensificando el aislamiento internacional de Nicaragua.
Daniel Ortega es un exguerrillero de 78 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980. Regresó al poder del país centroamericano en 2007. Él sostiene que las ONG y, sobre todo, la Iglesia Católica apoyaron las protestas masivas de 2018, a las que considera un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
Con Ortega y Murillo consolidando cada vez más poder, Nicaragua enfrenta una crisis política y social sin precedentes, donde la represión y la eliminación de cualquier disidencia parecen ser la norma establecida.
