La decisión llega tras denuncias por espionaje y en plena ofensiva política y judicial contra los medios.
Judith Victoria Cherquis
Cierre total y reacción del periodismo
El Gobierno de Javier Milei ha cerrado el acceso a todos los periodistas acreditados en la Casa Rosada. La medida, inédita en democracia, afecta a decenas de corresponsales y rompe el funcionamiento habitual de la cobertura del Poder Ejecutivo. El argumento oficial apunta a razones de seguridad nacional tras una denuncia por espionaje ilegal contra dos periodistas que grabaron imágenes dentro del edificio sin autorización. Sin embargo, no existe una resolución judicial firme que confirme delito alguno, lo que ha intensificado las críticas.
El Foro de Periodismo Argentino, FOPEA, ha reaccionado con dureza y ha calificado la decisión como de extrema gravedad institucional. Advierte que se alteran las condiciones básicas del trabajo periodístico y se limita el derecho de la sociedad a informarse y controlar a sus gobernantes. Además, considera desproporcionado retirar el acceso a todos los medios por un caso puntual que aún no ha sido probado en la Justicia.
Acceso selectivo y presión sobre periodistas
El cierre total no aparece de forma aislada. Antes, el Ejecutivo ya aplicaba restricciones selectivas que dejaban fuera a determinados medios mientras otros mantenían acceso. En ese contexto, el caso de Infobae ha generado dudas, ya que ha podido conservar presencia en la Casa Rosada gracias a excepciones vinculadas a listas internas del Gobierno, cuyos criterios no han sido difundidos. Esas listas, relacionadas con medios supuestamente implicados en campañas o investigaciones sensibles, nunca se han hecho públicas. Por tanto, los criterios no han sido aclarados y alimentan la sospecha de trato desigual.
Así mismo, Milei ha reforzado un modelo de comunicación muy controlado. Concede entrevistas a un grupo reducido de periodistas, en todos los casos hombres y con perfiles afines, mientras limita el contacto con voces críticas. A esto se suma una ofensiva judicial contra profesionales de la información. El presidente ha impulsado denuncias contra periodistas por sus publicaciones y opiniones, lo que eleva la presión sobre el sector y traslada el conflicto al terreno legal.
En paralelo, Milei ha intensificado sus ataques en redes sociales. Ha difundido mensajes contra la prensa e incluso ha promovido el hashtag #noodiamoslosuficientealosperiodistas, que resume el tono de confrontación directa. Este clima no solo deteriora la relación con los medios, lo que afecta al ejercicio del periodismo y al funcionamiento democrático
Escalada progresiva del conflicto con la prensa
El cierre de la Casa Rosada no aparece de forma aislada, sino como el último paso de una escalada progresiva en la relación entre el Gobierno de Javier Milei y los medios. Primero se produjo un aumento de los ataques verbales contra periodistas, con descalificaciones públicas y mensajes en redes sociales que endurecieron el clima político.
Después de esa primera fase, el Ejecutivo avanzó hacia medidas más concretas. Se retiraron acreditaciones a determinados periodistas y se restringió el acceso a algunos medios considerados incómodos para el Gobierno. Más adelante, esas limitaciones dejaron de ser puntuales y se transformaron en un sistema de acceso selectivo, donde solo algunos perfiles lograban entrar con regularidad a la Casa Rosada.
La siguiente etapa fue la opacidad en los criterios. Listas internas de medios y periodistas comenzaron a definir quién podía o no acceder, sin publicación oficial ni explicación detallada. A esto se sumó un modelo de comunicación cada vez más cerrado, con entrevistas controladas y un círculo reducido de interlocutores habituales, lo que redujo aún más la pluralidad informativa.
Las ruedas de prensa regulares con preguntas abiertas han ido desapareciendo, sustituidas por formatos más controlados y con menor interacción directa con los periodistas.
Escalada del conflicto en plena crisis política
Finalmente, la tensión escaló al plano judicial. El presidente ha impulsado denuncias contra periodistas por su cobertura informativa, trasladando el conflicto al ámbito legal y aumentando la presión sobre el ejercicio del periodismo. En ese contexto, el bloqueo total de acceso a la Casa Rosada aparece como el punto más extremo de un proceso que se ha ido endureciendo de forma gradual.
Todo ocurre en un momento especialmente delicado para el Gobierno. El Ejecutivo enfrenta varios escándalos de corrupción que afectan a altos cargos. Entre ellos, las investigaciones sobre Manuel Adorni bajo investigación por presunto enriquecimiento ilícito, con operaciones en efectivo y movimientos patrimoniales bajo sospecha. También aparecen dudas sobre compras públicas, créditos a legisladores y otras irregularidades.
A estos casos se suma la investigación sobre Carlos Frugoni, secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía por propiedades no declaradas en Estados Unidos. Mientras tanto, Milei y su entorno, incluida Karina Milei, han cerrado filas y han descalificado las informaciones como ataques mediáticos.
En consecuencia, el cierre a la prensa no solo responde a un episodio puntual. Refleja un escenario de creciente tensión política, cuestionamientos por corrupción y un enfrentamiento abierto con los medios que marca uno de los momentos más críticos del Gobierno.
