Una investigación periodística revela una presunta operación de influencia rusa en medios argentinos con documentos filtrados, periodistas ficticios y dudas sobre el destino del dinero.
Judith Victoria Cherquis
Una investigación periodística internacional apunta a una posible campaña de desinformación vinculada a Rusia en Argentina durante 2024. El trabajo se basa en 76 documentos filtrados, obtenidos por el medio africano The Continent y analizados por un consorcio de medios que incluye a openDemocracy, Forbidden Stories, Filtraleaks, Chequeado, Dossier Center e iStories, entre otros.
En España, el caso ha tenido escasa cobertura, pese a su alcance global y a su conexión con dinámicas de desinformación ya estudiadas en Europa.
Los documentos describen una estructura denominada “La Compañía”, que —según los propios archivos— estaría vinculada al Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR) y a antiguos miembros del entorno del Grupo Wagner. Sin embargo, no existe confirmación independiente que acredite la existencia de esta organización como entidad formal, y su caracterización se basa exclusivamente en el material filtrado.
Qué dicen los documentos y cómo operaría la red
Según los documentos analizados por el consorcio periodístico, Argentina habría sido uno de los focos principales de la operación. Entre junio y octubre de 2024, la red habría presupuestado unos 283.000 dólares para “inyectar” al menos 250 artículos en más de 20 medios digitales del país.
Algunos registros internos elevan el gasto total a más de 600.000 dólares al incluir partidas destinadas a análisis político, recopilación de información y operaciones sobre el terreno.
El material también detalla la elaboración de informes sobre partidos políticos, sindicatos, recursos estratégicos y escenarios electorales, así como perfiles de figuras públicas y evaluaciones de riesgo político.
Objetivos políticos y narrativa informativa
De acuerdo con los documentos filtrados, la campaña habría tenido varios objetivos: debilitar la imagen del presidente Javier Milei, amplificar tensiones regionales —especialmente con Chile— y erosionar el apoyo argentino a Ucrania.
Los contenidos combinaban datos económicos reales con distorsiones, exageraciones y narrativas favorables a Rusia y críticas a Estados Unidos. También se identifican intentos de explotar conflictos sociales preexistentes para aumentar la polarización. Algunos documentos incluso proponen la difusión de noticias falsas concretas, aunque en varios casos no se ha podido verificar si llegaron a publicarse.
Firmas falsas y fabricación de credibilidad
Uno de los elementos más consistentes en la investigación es el uso de identidades ficticias. Los documentos incluyen artículos firmados por supuestos periodistas como Manuel Godsin, Gabriel di Taranto o Juan Carlos López. Las verificaciones realizadas por los medios participantes muestran patrones repetidos: ausencia de registros académicos, universidades que niegan vínculos y uso de imágenes procedentes de bancos de fotos o generadas mediante inteligencia artificial. Investigaciones previas de openDemocracy ya habían identificado mecanismos similares en campañas de desinformación en África y Europa del Este.
Medios, intermediarios y dudas sobre los pagos
Los documentos incluyen tarifas por publicación que oscilan entre 350 y 3.100 dólares por artículo (montos irrisoriamente bajos, dicho sea de paso, para casos de este tipo). Sin embargo, no permiten determinar con claridad si los pagos se realizaron ni a quién fueron dirigidos. La mayoría de los medios mencionados en los archivos niegan cualquier relación con operaciones rusas. Algunos testimonios recogidos por el consorcio apuntan a la existencia de intermediarios —presentados como agencias o consultoras— que ofrecían contenidos para su publicación, en ocasiones sin coste directo para los medios. También se han detectado posibles duplicaciones o inflaciones en los registros internos, lo que introduce incertidumbre sobre el alcance real de la operación.
Advertencias previas y el papel de FOPEA
El caso se inscribe en un contexto más amplio. En enero de 2026, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) —una organización civil que promueve la calidad periodística, la ética profesional y la libertad de expresión en Argentina— publicó un informe sobre campañas de desinformación promovidas desde el exterior. El documento analiza cómo actores internacionales intentan influir en el debate público mediante estrategias digitales, incluyendo la oferta de pagos —en algunos casos en criptomonedas— a periodistas y usuarios de redes sociales para difundir contenido político elaborado fuera del país.
Entre los ejemplos documentados figura el caso del desarrollador Maximiliano Firtman, quien recibió una propuesta para difundir un video manipulado con contenido político. Según FOPEA, el material correspondía a un probable deepfake alineado con narrativas favorables a Rusia. El mismo contenido comenzó a circular días después en distintas cuentas, acompañado de patrones de amplificación coordinada. FOPEA también menciona en su informe la existencia de estructuras como “La Compañía”, aunque sin establecer una verificación independiente de la red descrita en los documentos filtrados.
Reacción oficial y conexiones
En 2025, el Gobierno argentino informó haber detectado una presunta red de agentes rusos implicada en campañas de desinformación contra el Estado. Entre los señalados figuran dos ciudadanos rusos residentes en el país, quienes negaron cualquier vinculación con estas actividades. Según reportes citados en investigaciones periodísticas, ambos abandonaron temporalmente Argentina tras hacerse públicos sus nombres y posteriormente regresaron. Estas menciones coinciden parcialmente con elementos descritos en los documentos filtrados, pero no constituyen una confirmación independiente de la estructura analizada. Expertos en comunicación señalan que este tipo de operaciones no siempre busca un impacto electoral directo. Su objetivo puede ser más amplio: generar desconfianza institucional, degradar el ecosistema informativo y aumentar la polarización social. En ese sentido, su eficacia no depende de una única acción, sino de la acumulación de contenidos y narrativas a lo largo del tiempo.
Un caso con evidencias y zonas grises
La investigación describe una estructura documentada con indicios consistentes de desinformación, uso de identidades falsas y posible coordinación internacional.
Sin embargo, persisten zonas grises relevantes. No existe confirmación independiente de La Compañía como entidad formal, ni se puede reconstruir completamente el flujo del dinero ni el grado exacto de ejecución de las operaciones descritas.
Aun así, el caso encaja en un patrón más amplio de campañas de influencia digital detectadas en distintos continentes. Su impacto principal no se mide únicamente en términos políticos directos, sino en la erosión progresiva de la confianza en medios, instituciones y en el propio sistema informativo.
