La Fundación Renovables considera un error histórico la prórroga de Almaraz hasta 2030. El think tank alerta de sus costes económicos y ambientales.
JVC
La Fundación Renovables no nació para defender una tecnología concreta, sino para impulsar un cambio de modelo energético. Se constituyó en 2010 como un think tank independiente formado por profesionales de distintos ámbitos.
Su objetivo inicial era promover el ahorro, la eficiencia y las energías renovables. Con los años, esa misión se ha ampliado hacia la descarbonización y la transición energética. La entidad también defiende una mayor participación ciudadana en las decisiones sobre un sector que considera estratégico.
Hay una idea que resume bien su filosofía. La energía no debe entenderse solo como una cuestión de precio o de tecnología. También es un bien básico que afecta a la economía, al medio ambiente y a la vida cotidiana.
Desde esa posición, la Fundación Renovables ha rechazado la decisión del Gobierno de mantener abierta la central nuclear de Almaraz hasta junio de 2030. La orden publicada en el BOE permite que sus dos reactores sigan operativos hasta el 8 de junio de ese año.
Un cambio en el calendario nuclear
El cierre de Almaraz estaba previsto para noviembre de 2027 en el caso de la Unidad I y octubre de 2028 para la Unidad II. La prórroga retrasa así más de dos años el inicio del cierre de la central.
El Gobierno defiende la decisión por el contexto energético internacional y la volatilidad de los precios de los combustibles. También sostiene que la medida no modifica el calendario previsto para el resto del parque nuclear y que no compromete la transición hacia las renovables.
La Fundación Renovables interpreta la decisión de otra manera. Considera que rompe la planificación energética de la última década y puede dificultar el despliegue de renovables y electrificación previsto para 2030.
El coste que pone cifras al debate
Uno de los argumentos económicos procede de un estudio de la Universidad Rey Juan Carlos difundido por Greenpeace. El análisis calcula un sobrecoste de 3.831 millones de euros para los consumidores hasta 2033 si se prolonga durante tres años la operación de Almaraz frente al escenario de cierre previsto.
El mismo estudio estima que la prórroga podría frenar inversiones en renovables por valor de 26.129 millones de euros. Son estimaciones, no costes ya repercutidos en la factura eléctrica.
La Fundación utiliza estas cifras para reforzar su argumento de fondo. A su juicio, mantener la nuclear durante más tiempo puede reducir el espacio disponible para nuevas instalaciones renovables y almacenamiento.
Una cuestión de modelo energético
Aquí aparece la diferencia esencial entre ambas posiciones.
El Gobierno considera que Almaraz puede aportar estabilidad al sistema en un contexto internacional marcado por la volatilidad energética. La Fundación Renovables entiende que esa solución entra en conflicto con el modelo energético que España lleva años construyendo.
La organización apuesta por las renovables, la eficiencia, la electrificación y el almacenamiento como pilares de la independencia energética. También defiende que la transición debe tener una dimensión social y que la ciudadanía debe ocupar un papel central en las decisiones energéticas.
Por eso, para la Fundación, Almaraz no representa solo una central que continúa funcionando dos años más. Representa una decisión sobre el rumbo que debe tomar el sistema energético español.
El posible efecto dominó
La otra gran preocupación está en el calendario nuclear. Organizaciones ecologistas y representantes del sector renovable temen que la prórroga de Almaraz genere un precedente para otras centrales.
El Gobierno mantiene que el resto del calendario sigue intacto y que el cierre total del parque nuclear continúa previsto para 2035. Sin embargo, la prolongación de Almaraz deja abierta una discusión que afecta al futuro de las demás plantas.
Así, el debate vuelve a situarse en un terreno que va más allá de la energía nuclear. En el fondo, enfrenta dos maneras de entender la transición energética: una que prioriza mantener capacidad nuclear ante un escenario internacional incierto y otra que considera que cada año adicional de operación nuclear puede retrasar el modelo renovable que España pretende construir.
