El Gobierno español sanciona con 179 millones de euros a aerolíneas “low cost” por prácticas abusivas como el cobro por equipaje de mano.
Ángel Zamarriego
El Ministerio de Consumo ha impuesto una multa histórica de 179 millones de euros a las principales aerolíneas “low cost” , incluidas Ryanair, Vueling, EasyJet, Volotea y Norwegian, por prácticas consideradas abusivas, como el cobro adicional por equipaje de mano, selección de asientos para familias y la impresión de tarjetas de embarque. Según fuentes del Gobierno, estas prácticas vulneran los derechos básicos de los pasajeros y generan beneficios ilícitos significativos para las compañías.
Ryanair, que lidera el segmento de vuelos económicos, será la más afectada por esta sanción al tener que pagar el 60% del importe total, equivalente a 107 millones de euros. Por su parte, Vueling deberá asumir 39 millones de euros, lo que representa el 37% de la multa. Volotea y Norwegian recibirán sanciones menores de 1,2 y 1,6 millones de euros, respectivamente.
La contundencia de estas multas se explica por la gravedad de las infracciones. Según el Ministerio, se aplicó un régimen sancionador que establece penalizaciones entre 6 y 8 veces el beneficio obtenido por las empresas a través de estas prácticas irregulares. Se estima que estas compañías generaron entre 22 y 30 millones de euros anuales gracias a estos cobros.
Las aerolíneas tienen ahora un plazo de dos meses para recurrir la sanción ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional. En caso de que el recurso sea admitido, podrían solicitar medidas cautelares, como la suspensión temporal del pago de la multa o la interrupción de las prácticas sancionadas.
No obstante, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya ha establecido que, aunque las aerolíneas pueden fijar los límites de peso y medidas del equipaje de mano, no tienen derecho a cobrar tarifas adicionales por este servicio.
Impacto para los pasajeros
Esta resolución podría marcar un antes y un después en el sector de las aerolíneas de bajo coste. Si las sanciones se mantienen y se suspenden estas prácticas, los pasajeros podrían beneficiarse de una experiencia más justa y transparente. Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre cómo las aerolíneas ajustarán sus precios o servicios para compensar estas pérdidas.
Según Pablo Bustinduy, responsable del Ministerio de Consumo, la sanción busca “disuadir a las aerolíneas “low cost” de seguir cobrando por lo que son derechos inherentes a los pasajeros”.
