Diego Delgado
Según un estudio de la Fundación CYD, las universidades españolas destacan por sus políticas de igualdad, inclusión y promoción de la salud. Frente al acoso, existen claros y oscuros
El compromiso con la sociedad es algo que las universidades españolas toman a rajatabla. Y no es para menos. Un estudio de la Fundación CYD, en el que analiza aspectos como la inclusión, la igualdad o el acoso en los centros docentes académicos, arroja algunos datos reveladores. Desde medidas para promover la equidad de género hasta disposición de becas, 74 universidades españolas han sido consultadas acerca de estos ámbitos.
La igualdad: una prioridad comunicativa, formativa y pública
Según CYD, un 97,30% de las universidades españolas incorpora políticas de igualdad de género y dispone de comités, oficinas o responsables de diversidad e igualdad. De este porcentaje, la labor de sensibilizar, comunicar y formar en términos de equidad es la más aplicada (94,44%). A su vez, un 91,67% de las universidades españolas velan por una participación y representación equilibrada en sus comunidades.
En cuanto a diferencias entre universidad pública y privada, el estudio concluye que existe una mayor implementación de estas medidas en las primeras.
Por otro lado, la inclusión de alumnos y profesionales es bastante fomentada. En un 90,28% de las universidades españolas se realizan adaptaciones académicas, personales y técnicas a estudiantes con discapacidad. Mientras que el porcentaje en docentes y trabajadores es del 77,94%. Todo ello, comprendido en una muestra total de alumnos y profesionales con estas condiciones de 22.967 y 2.674, respectivamente.
La otra cara de la moneda: la acción contra la discriminación y el acoso
Cerca del 95% de las universidades implementa políticas contra la discriminación y el acoso. Unas políticas que se gestionan en canales específicos dedicados y especializados a ello. En el curso 2022-2023 se recibieron 428 denuncias por acoso en las universidades españolas, lo que supone un ratio de 0,032% por alumno matriculado en las públicas y 0,011% en las privadas.
Sin embargo, en el 75% de los centros públicos y en menos del 45% en los privados, estos casos se tratan de manera presencial y directa. Además, menos de la mitad (41%) de las universidades en general realiza una investigación interna tras las denuncias. Y es menor el porcentaje (32,43%) que atiende a las víctimas psicológicamente.
Otro dato revelador que demuestra la “inacción” ante estos casos se manifiesta en las denuncias a docentes. Durante el curso 2022-2023, el 39,13% de las universidades públicas y el 17,86% de las privadas abrieron expediente disciplinario o sancionaran a profesionales. Además, en ambos casos, en apenas un 15% de ellos se extinguió relación con el denunciado. Una situación que pone el foco en las grandes cúpulas de las universidades y en su inmunidad a la hora de responder a estos casos.
Las universidades españolas, por lo general, presentan buenos índices para proporcionar una experiencia plena y amplía socialmente tanto a alumnos como profesores. Sin embargo, todavía hay tela que cortar y expedientes que abrir para poder convertir a la máxima docencia académica en un entorno seguro para todo el mundo.
