La FeSP, el SPC y la Federación Europea de Periodistas reclaman aplicar la normativa europea para proteger la independencia editorial, las fuentes y el pluralismo informativo.
JVC
La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), el Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) y la Federación Europea de Periodistas (FEP) han reclamado avances inmediatos en la aplicación del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA) en España y Catalunya. Además, las organizaciones consideran necesario adoptar las medidas que permitan hacer efectivas las garantías de independencia editorial, transparencia y protección de los profesionales previstas en la normativa europea.
La petición se planteó durante una mesa redonda celebrada el 13 de octubre en Barcelona, en la sede de las oficinas del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea. Por otro lado, el encuentro, organizado por la FeSP y el SPC con el apoyo de la FEP, reunió a representantes institucionales y del sector periodístico. Se reunieron para analizar las obligaciones derivadas del reglamento. También analizaron los cambios pendientes en la legislación española.
La EMFA entró en vigor en mayo de 2024. La mayoría de sus disposiciones comenzaron a aplicarse el 8 de agosto de 2025. Al tratarse de un reglamento de la Unión Europea, sus normas son directamente aplicables en los Estados miembros. Sin embargo, determinados aspectos requieren actuaciones legislativas, administrativas y de supervisión para garantizar su cumplimiento.
Los sindicatos piden garantías efectivas para ejercer el periodismo
Francesc Ràfols, secretario general del SPC y miembro de la junta de la FeSP, defendió que la normativa debe traducirse en medidas concretas para los profesionales y los ciudadanos.
Entre las prioridades señaló la transparencia sobre la propiedad de los medios. Además, se refirió a la independencia de los operadores públicos. También mencionó la protección de las fuentes periodísticas y la prevención de una concentración empresarial que pueda perjudicar el pluralismo informativo.
Ràfols recordó que el derecho a la información está reconocido en el artículo 20 de la Constitución española y en el artículo 52 del Estatut d'Autonomia de Catalunya.
«Estamos hablando de un derecho de la ciudadanía», afirmó, al subrayar que la libertad de información no depende únicamente de las garantías legales, sino también de las condiciones en las que trabajan los periodistas.
En este sentido, vinculó la independencia profesional con la necesidad de unas condiciones laborales dignas que permitan ejercer el periodismo sin presiones.
La Federación Europea de Periodistas recuerda que el reglamento es obligatorio
Renate Schroeder, directora de la Federación Europea de Periodistas, destacó que la aprobación de la EMFA fue el resultado de más de dos años de negociaciones. Además, advirtió de que su cumplimiento no puede quedar condicionado a la voluntad de los gobiernos nacionales.
Schroeder recordó que las organizaciones profesionales y la sociedad civil pueden acudir a los tribunales cuando consideren que se están incumpliendo las disposiciones directamente aplicables del reglamento.
Entre los artículos que destacó figura el artículo 4, que establece garantías para la libertad editorial y la protección de las fuentes periodísticas y las comunicaciones confidenciales, además de restricciones a determinadas medidas de vigilancia sobre los profesionales.
También mencionó el artículo 5, dedicado a la independencia de los medios públicos. Esta disposición exige procedimientos de nombramiento y destitución de sus responsables que protejan su autonomía. Además, exige mecanismos de financiación adecuados, sostenibles y previsibles.
El artículo 6 establece obligaciones de transparencia para los prestadores de servicios de comunicación, incluida la identificación de sus propietarios directos e indirectos y determinada información sobre la financiación pública recibida.
La normativa también contempla mecanismos para evaluar las concentraciones empresariales que puedan afectar al pluralismo y a la independencia editorial.
«No es una cuestión de los periodistas, sino del derecho de la ciudadanía a saber», afirmó Schroeder.
La Generalitat defiende avanzar dentro de sus competencias
Marc Melillas, director general de Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, lamentó la paralización de las iniciativas legislativas estatales vinculadas a la aplicación de la EMFA, pero defendió que el Govern debe continuar trabajando en los ámbitos que son de su competencia.
«El reglamento es de obligado cumplimiento. Por tanto, todo aquello que podamos hacer, hagámoslo», señaló.
Melillas mencionó las medidas adoptadas para reforzar la transparencia y la independencia de los medios públicos catalanes. Entre ellas están los procedimientos de selección de responsables de la Agència Catalana de Notícies (ACN) y las modificaciones de sus mecanismos de gobernanza.
También destacó la tramitación de una nueva ley catalana de medios audiovisuales como una oportunidad para incorporar los principios del reglamento europeo y adaptar el marco normativo a los cambios del entorno digital.
El representante de la Generalitat insistió en que los organismos reguladores deben contar con recursos suficientes para ejercer sus competencias.
«Podemos hacer las mejores leyes del mundo, pero si no hay instrumentos y recursos, es muy difícil», advirtió.
Autorregulación y garantías legales para reforzar la independencia
Por su parte, Josep Carles Rius, presidente de la Fundació Consell de la Informació de Catalunya (FCIC), defendió la necesidad de complementar la autorregulación periodística con instrumentos legales. Estos instrumentos deben permitir garantizar la independencia y la responsabilidad profesional.
Rius planteó avanzar hacia un modelo de corregulación. En este modelo, los mecanismos deontológicos del sector convivan con un marco normativo capaz de responder a las presiones económicas, políticas y tecnológicas que afectan a los medios.
También se refirió a la pérdida de confianza en el periodismo. Señaló la influencia creciente de las plataformas digitales y la utilización de la desinformación en el debate público.
A su juicio, los grandes poderes económicos y tecnológicos pueden debilitar la función de intermediación que desempeña el periodismo entre la ciudadanía y los centros de decisión.
«Este es el gran combate que tenemos por delante», afirmó.
El presidente de la FCIC defendió asimismo una legislación catalana de medios que refuerce el pluralismo y la independencia editorial. Mientras tanto, avanzan las medidas necesarias para hacer efectiva la normativa europea.
Una campaña que comenzó en el Congreso de los Diputados
La mesa redonda de Barcelona forma parte de una iniciativa de la FeSP. Cuenta con apoyo de la Federación Europea de Periodistas. Su objetivo es difundir el contenido de la EMFA y reclamar su aplicación.
El proyecto tuvo un antecedente el 21 de septiembre, con un encuentro celebrado en el Congreso de los Diputados, en Madrid.
Tras aquella jornada, las organizaciones participantes solicitaron al Gobierno español que impulsara mediante un real decreto-ley los cambios legislativos que consideran necesarios. Frente a las dificultades de tramitación parlamentaria, consideran urgente esta vía.
La reivindicación se ha trasladado ahora a Catalunya, donde los sindicatos reclaman la participación de las organizaciones profesionales y de la sociedad civil en el desarrollo de las medidas de aplicación.
Qué establece el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios
El Reglamento (UE) 2024/1083 establece un marco común para proteger la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación en el mercado interior europeo.
Entre sus principales objetivos figuran impedir interferencias injustificadas en las decisiones editoriales, proteger las fuentes periodísticas, reforzar la independencia de los medios públicos y aumentar la transparencia de la propiedad y la publicidad institucional. Además, busca evaluar el impacto de las concentraciones empresariales sobre el pluralismo.
La norma también introduce garantías para los contenidos periodísticos en determinadas relaciones con las grandes plataformas digitales. Asimismo, establece mecanismos de cooperación entre los organismos reguladores nacionales.
Aunque la mayor parte del reglamento es aplicable desde agosto de 2025, algunas disposiciones comenzaron a aplicarse antes y otras cuentan con plazos posteriores.
Las organizaciones periodísticas reunidas en Barcelona consideran que el reto actual consiste en convertir ese marco europeo en garantías efectivas para los medios, sus profesionales y la ciudadanía.
