Alerta sobre el impacto en la libertad de prensa y el derecho a la información veraz.
Judith Victoria Cherquis
Un total de 55 periodistas especializados en tribunales alertan sobre el impacto en la libertad de prensa y el derecho a la información veraz, y defienden a los compañeros imputados por publicar información contrastada sobre la causa del fiscal general del Estado, es decir, de haber cumplido su labor de informar.
En un escrito dirigido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, alertan de que esta investigación amenaza la libertad de prensa. También se pone de manifiesto que se vulnera el derecho a la información veraz.
Un escrito en defensa del derecho a informar
Los periodistas que cubren la actualidad jurídica en los principales medios del país, han remitido un documento al presidente del TSJM, Celso Rodríguez. En este escrito rechazan la apertura de investigaciones contra los informadores. Además alertan de los riesgos que representa esta investigación para la libertad de prensa.
Este documento fue dirigido también a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, y a la jueza decana de Madrid, María Jesús del Barco. Los periodistas firmantes destacan en él que la imputación de estos profesionales constituye un grave ataque al derecho constitucional a la información. Y concluyen advirtiendo que ello podría generar un efecto disuasorio que perjudique la cobertura de casos de interés público.
El caso de los periodistas imputados
Los periodistas imputados trabajan en El País, El Mundo y 20 Minutos.
La jueza Adelaida Nieves Medrano, titular del Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid, los ha citado a declarar el próximo 19 de junio. La carátula habla de un presunto delito de revelación de secretos, contemplado en el artículo 199 del Código Penal.
La investigación comenzó con la queja presentada por la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, quien también está bajo investigación en el Tribunal Supremo. En diciembre, el magistrado Ángel Hurtado, del Supremo, remitió la queja al decanato de los juzgados de Madrid. Esto dio lugar a la apertura de la causa en el Juzgado 20.
Los firmantes del escrito defienden que el secreto profesional de los periodistas y su derecho a no revelar sus fuentes están protegidos por la Constitución Española. Esto, de hecho, constituye una garantía esencial para el ejercicio del periodismo en un Estado democrático.
Implicaciones del informe de la Guardia Civil
El informe de la Guardia Civil fue clave en la investigación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La Unidad Central Operativa (UCO) destacó el presunto "papel preeminente" de García Ortiz en la filtración de datos reservados. Estos datos estaban relacionados con Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. González Amador está imputado por fraude fiscal, delito reconocido por él mismo.
Reacciones y consecuencias para la libertad de prensa
Este caso ha generado una importante reacción entre los periodistas y las organizaciones de la profesión. La situación ha sido ampliamente rechazada por la comunidad de la comunicación que advierte que perseguir a los periodistas por informar sobre asuntos de relevancia pública pone en peligro la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a una información veraz.
La investigación ha puesto en el centro del debate la protección del derecho a la información en España y ha resaltado la creciente preocupación por la judicialización del trabajo periodístico en casos sensibles.
