Fotoperiodistas acreditados y miembros de sindicatos profesionales denunciaron limitaciones durante el concierto 'Act X Palestina' celebrado en Barcelona.
Judith Victoria Cherquis
El 29 de enero de 2026 se celebró en Barcelona el concierto Act X Palestina, evento que generó polémica por el trato a los fotoperiodistas acreditados. Profesionales y miembros de sindicatos denunciaron un retroceso democrático y un desprecio hacia su trabajo mientras el acto proclamaba solidaridad y defensa de derechos humanos. Consideraron que la organización y parte de los artistas limitaron el acceso y la movilidad de fotógrafos acreditados.
Limitaciones y consecuencias legales
Los profesionales denunciaron restricciones en momentos destacados del concierto, como la actuación de Rosalía, mientras la televisión emitía libremente las imágenes. Señalaron discriminación frente a fotógrafos oficiales de la organización y asistentes anónimos. Según los comunicados del Sindicat de Periodistes de Catalunya y el Col·legi de Periodistes, estas limitaciones vulneraron el artículo 20 de la Constitución española que prohíbe la censura previa. También afirmaron que el evento, de interés público y en un espacio público, exigía condiciones dignas para la captación de imágenes.
Los fotógrafos acreditados fueron relegados a posiciones laterales del foso, con ángulos oblicuos que redujeron la calidad de su trabajo. Mientras tanto, los fotógrafos de la organización captaron imágenes sin restricciones. La falta de acceso a espacios técnicos y a conexión estable para enviar material provocó perjuicio profesional y laboral. Esto desvalorizó la función social del fotoperiodismo y afectó el derecho de la ciudadanía a recibir información objetiva.
Decisiones de organización y contexto del evento
Las decisiones sobre accesos y posiciones dependieron de la organización del Act X Palestina, productoras técnicas, agencias de artistas y responsables de retransmisión. El concierto reunió a decenas de artistas y se emitió en directo por televisión. La organización defendió que las limitaciones obedecieron a razones de seguridad, derechos de imagen y logística de producción. No existe constancia pública de veto total, pero sí de restricciones selectivas. El caso abrió un debate sobre los límites entre control de imagen y derecho a informar. Asociaciones profesionales reclamaron protocolos claros y que las administraciones garanticen derechos laborales cuando ceden espacios públicos. El sector insistió en que sin acceso pleno a la información no existe libertad ni democracia real.
