La ONG Greenpeace ha documentado desde el aire la devastación generada por el fuego en la península.
Redacción
Greenpeace ha documentado desde el aire la devastación generada por el fuego en el centro de la península tras un verano récord en superficie calcinada. Un exhaustivo trabajo fotográfico muestra las consecuencias de los incendios en diversas comunidades de España. Las imágenes aéreas registran el impacto directo en urbanizaciones y espacios de la Red Natura 2000. Los datos reflejan que más de 100.000 personas han sufrido desalojos o confinamientos por estas emergencias.
El fuego ha alcanzado magnitudes inéditas durante las olas de calor estivales. En total, la superficie afectada en todo el país supera las 180.000 hectáreas. Asimismo, la falta de planes de autoprotección en núcleos residenciales ha agravado los daños patrimoniales y sociales.
Gravedad ambiental y las consecuencias de los incendios
Las zonas de mayor valor ecológico sufren un deterioro severo. Entre las áreas calcinadas figuran el Valle de Iruelas, el Castañar del Tiemblo y el Pinar de Almorox. Estos parajes albergan especies protegidas como el buitre negro y el águila imperial ibérica. Además, las consecuencias económicas golpean con fuerza al tejido productivo del medio rural.
Miguel Ángel Soto, portavoz de la campaña de Bosques de Greenpeace España, ha valorado la situación tras la difusión del informe. "La solución a los grandes incendios forestales no vendrá a través de la utilización de estas crisis como arma política, sino a través de un gran acuerdo político y social", ha señalado Soto. Además, la organización exige destinar 1.000 millones de euros anuales a la gestión del paisaje forestal.
Propuestas preventivas frente al avance del fuego
El cambio climático intensifica el riesgo de sufrir eventos extremos. La falta de humedad en la vegetación facilita una rápida propagación de las llamas. Por este motivo, la entidad ecologista reclama un cambio de modelo volcado en la prevención operativa y en la gestión directa del terreno.
Se requiere una fiscalidad favorable para el sector forestal y una financiación continua. Asimismo, las administraciones deben garantizar el cumplimiento de la normativa preventiva vigente. En definitiva, resulta vital mitigar las consecuencias de los incendios mediante políticas sostenibles a largo plazo.
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