derecho al secreto de los profesionales de la información INFOPERIODISTAS

Asociaciones de la prensa andaluza presentan alegaciones al Anteproyecto de Ley Orgánica del Secreto Profesional.

Judith Victoria Cherquis

Las asociaciones de prensa de Andalucía han presentado alegaciones al “Anteproyecto de Ley Orgánica reguladora del derecho al secreto de los profesionales de la información y de los prestadores de servicios de medios de comunicación”. Reconocen la necesidad de la norma, pero denuncian que la redacción actual abre la puerta al intrusismo y no asegura una protección real al periodismo ni al derecho constitucional a la información.

Definición amplia y riesgo de intrusismo

El anteproyecto define como profesionales de la información a todas las personas o entidades que busquen y difundan información de interés público. Las asociaciones alertan de que esta definición permite que cualquiera se ampare en la ley, incluso sin formación ni compromiso ético. Temen que así se legitimen prácticas alejadas del periodismo y se reste valor a la profesión.

Las entidades proponen que solo puedan beneficiarse del secreto profesional quienes tengan título universitario en Periodismo o Comunicación Audiovisual. También aceptan como alternativa la acreditación mediante carné expedido por la FAPE o por los colegios profesionales de periodistas. Defienden que la formación académica y la acreditación garantizan responsabilidad, ética y calidad informativa.

Falta de referencia al código deontológico

El texto del Gobierno no menciona los códigos deontológicos ni la pertenencia a órganos de autorregulación. Para las asociaciones andaluzas, esta omisión debilita el sentido del secreto profesional. Piden que se corrija para impedir que intereses externos utilicen esta protección con fines ajenos al derecho a la información.

El anteproyecto otorga el secreto profesional también a personas jurídicas. Las asociaciones rechazan este punto y reclaman que se limite solo a periodistas. Argumentan que las empresas ya cuentan con otros derechos, como secreto empresarial y protección de datos. Temen que se use esta cobertura en litigios comerciales o políticos, lo que desvirtuaría la finalidad constitucional.

Ambigüedad en los prestadores de servicios

El Gobierno extiende el derecho a prestadores de servicios de medios de comunicación sin definir con precisión el alcance de este concepto. Las asociaciones advierten que esta indefinición genera inseguridad jurídica. Reclaman que se limite a profesionales y empresas sujetas a obligaciones éticas y reguladas.

Las asociaciones de prensa andaluzas no rechazan la norma, pero reclaman cambios para que el secreto profesional proteja de forma efectiva la independencia periodística y el derecho a la información. Piden una definición clara de periodista, reconocimiento de la formación y los códigos deontológicos, y exclusión de empresas como beneficiarias directas.

Contradicción con la acreditación del Congreso

Desde InfoPeriodistas señalamos que el anteproyecto define como profesionales de la información a “toda persona física o jurídica que se dedique profesionalmente a la búsqueda, tratamiento y difusión de información veraz de interés público, a través de cualquier medio de comunicación, con la finalidad de hacer efectivo el derecho a la información”. Esta definición no exige formación ni acreditación profesional, mientras que la normativa vigente para acceder a la acreditación en el Congreso de los Diputados obliga a poseer título en Periodismo o Comunicación y, en muchos casos, acreditación por la FAPE o colegios profesionales. Esta discrepancia podría generar intrusismo profesional y confusión normativa, ya que permite que individuos o empresas sin formación reconocida ampararse en el secreto profesional, debilitando la ética y la calidad del periodismo.