Diego Delgado
Diversas organizaciones de periodistas estallan con el reparto de publicidad institucional y reclaman fijar criterios objetivos para lograr mayor transparencia en la distribución
Desde Cantabria hasta Andalucía, organizaciones de periodistas estallan con el reparto de publicidad institucional. Varios colegios y asociaciones denuncian que existen criterios heterogéneos en la distribución de la misma por parte de las administraciones públicas. Y es que esta práctica, según argumentan, socava la libertad de prensa y la objetividad, alimentando un clima de opacidad que desafía los principios fundamentales del periodismo.
La publicidad institucional es aquella acción publicitaria que busca informar, promover o concienciar a la ciudadanía sobre una institución concreta. En este caso, demandan que las administraciones públicas siguen unas pautas estrictamente ideológicas en la distribución de sus mensajes promocionales.
Con la puesta en vigor del nuevo reglamento europeo, que impone a los gobiernos a que respeten principios objetivos en publicidad institucional, el malestar ha estallado. Desde Cantabria, los periodistas colegiados denuncian la existencia de “pseudomedios”, financiados con fondos públicos, que contribuyen a la desinformación. Mientras tanto, en Galicia, exigen un modelo de ayudas y publicidad institucional capaz de asegurar la integridad y libertad del periodismo. A su vez, desde Valencia investigan al gobierno regional del Partido Popular por subvencionar a medios de comunicación que se dedican a emitir bulos.
“El gremio de periodistas debería habilitar una autorregulación en esta materia para que los gobiernos cumplan sus directrices. El reparto de publicidad institucional ha sido hasta ahora un tejemaneje brutal”, denuncia Amaia Goikoetxea, decana del Colegio Vasco de Periodistas.
Cómo determinar criterios objetivos
El decano del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, José Antonio Barrera, precisa que la forma más efectiva para determinar criterios objetivos es mediante la transparencia y la objetividad. Sumado a la iniciativa de las administraciones de premiar con fondos públicos a los medios de periodismo de calidad.
“La asignación opaca y sesgada de estos fondos es un instrumento poderoso para ejercer influencia sobre la libertad editorial de los prestadores de servicios de medios de comunicación”, añade Barrera.
Para evitarlo, el nuevo reglamento europeo de medios de comunicación obligará a los medios a publicar el listado de sus propietarios y exigirá a los gobiernos a respetar una serie de principios en la asignación de fondos públicos para leste tipo de publicidad.
Ahora, la presión se ejerce sobre el Gobierno, concretamente sobre la recién creada área de Comunicación Institucional. Su director, José Manuel Nevado, tendrá que hacer frente a una demanda cada vez mayor de transparencia y equidad de las administraciones públicas.
