Bruselas analiza si el laboratorio realizó una campaña de comunicación engañosa contra la vacuna de la gripe de una empresa competidora.
Eva Marabotto
La Comisión Europea investiga a la compañía farmacéutica Sanofi por una presunta campaña de desprestigio contra una vacuna competidora de la gripe. Las autoridades de competencia de la Unión Europea han iniciado un procedimiento formal sobre el sector farmacéutico. El ejecutivo comunitario sospecha que la empresa multinacional francesa ha vulnerado las normas del mercado interior. En concreto, la sospecha principal apunta a una campaña de comunicación engañosa. Esta estrategia comercial se dirigió contra el único producto rival que recomiendan los sistemas de salud para pacientes vulnerables con factores de riesgo.
La farmacéutica gala fabrica una vacuna reforzada contra la gripe estacional. Este fármaco busca aportar una protección más alta frente a la enfermedad en personas mayores de 60 años. El producto se comercializa dentro de la Unión Europea con el nombre de Efluelda. En el mercado comunitario este medicamento compite de forma directa con otra opción médica de la empresa CSL Seqirus que se vende bajo la denominación de Fluad.
El organismo supervisor muestra su preocupación ante las maniobras comerciales en varios Estados miembros. Los técnicos comunitarios indican que la multinacional difundió que Fluad era inferior a Efluelda. Estas afirmaciones contradecían las recomendaciones oficiales de vacunación en diversos países. Los mensajes se dirigieron de forma prioritaria a los profesionales sanitarios en los territorios de Alemania y Francia.
Presunto abuso de posición dominante
La institución europea considera de forma preliminar que la compañía tiene una posición de dominio en ambos mercados nacionales. También manifiesta su preocupación por que se difundieran mensajes sobre la debilidad de las pruebas científicas del fármaco rival. Esta tesis choca con las conclusiones del Centro Europeo para el Prevención y Control de Enfermedades. Por otro lado, contradice a los comités técnicos de inmunización de los países afectados.
Así, las pesquisas regulatorias señalan que la empresa pudo realizar representaciones inexactas de las normas sanitarias públicas. Por ejemplo, en el mercado alemán se sugirió que la recomendación oficial de la competencia afrontaba objeciones científicas de sociedades médicas. Si estas sospechas se confirman, los hechos supondrían una infracción del artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La apertura de este expediente no determina el resultado final de las indagaciones. Por eso la Comisión Europea investiga a Sanofi por prácticas anticompetitivas
En ese sentido, Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, argumentó: "El progreso científico, las evaluaciones científicas imparciales y la confianza en las autoridades científicas independientes son fundamentales para las políticas de salud pública. Las vacunas contra la gripe ayudan a proteger a decenas de miles de europeos cada año. La decisión de hoy de abrir una investigación formal demuestra la determinación de la Comisión para hacer frente a las prácticas de denigración que pueden perjudicar indebidamente a la competencia y a las decisiones informadas de los consumidores".
Un proceso regulatorio sin plazos fijos
El equipo de control de competencia ha elaborado una evaluación preliminar del caso. A partir de ello, la Comisión Europea investiga a Sanofi por prácticas anticompetitivas. El documento resume los hechos principales del asunto y concreta los riesgos detectados. La corporación investigada tiene ahora la opción de presentar compromisos formales para solucionar las dudas de la institución. En septiembre de 2025, los inspectores ya realizaron visitas sorpresa en las sedes de la entidad francesa.
La normativa comunitaria establece que el inicio de esta causa retira la competencia a las autoridades nacionales sobre este asunto. Los tribunales de los países miembros deben evitar emitir sentencias que puedan entrar en conflicto con la resolución final de la administración central. La legislación vigente no fija un límite temporal para cerrar estas investigaciones de competencia. La duración final del caso dependerá de la complejidad de los datos recopilados y de la colaboración de las partes.
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