Siete periodistas nicaragüenses perseguidos por el régimen de Ortega piden acogerse al sistema de protección español para los desnacionalizados.
Judith Victoria Cherquis
La APM apoya a los periodistas forzados al exilio
La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha solicitado al Gobierno español que atienda las peticiones de siete periodistas nicaragüenses que se encuentran exiliados. Todos ellos han tenido que abandonar su país como consecuencia de la represión ejercida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Los informadores no pueden renovar sus pasaportes ni regresar a Nicaragua. Por ello, la APM respalda su solicitud de acogerse al mecanismo de protección que España aplicó en 2023 a los 222 ciudadanos nicaragüenses expulsados y despojados de su nacionalidad.
Desnacionalizados de facto
La APM pide al Ejecutivo que considere a estos periodistas como “desnacionalizados de facto”. El grupo denuncia que el régimen ha eliminado su existencia legal: no figuran en el registro civil, no tienen partidas de nacimiento ni cédulas de identidad, y se les niega la posibilidad de obtener pasaportes. Tampoco pueden volver a su país.
Los firmantes de la petición son Carmen Lucía Navas, Tania Jeannette López Rodríguez, Óscar Enrique Navarrete, Gerall Isaac Chávez, Donaldo Eliezer Hernández, Luis Eduardo Martínez Membreño y Reyna María Tapia. Actualmente residen en Costa Rica.
Un respaldo moral desde España
La APM considera que ofrecerles protección sería un gesto importante de apoyo moral. También sería un reconocimiento a su labor de denuncia de las violaciones de derechos humanos, la corrupción y la censura en Nicaragua.
El pasado 19 de mayo, los periodistas entregaron su solicitud al cónsul de España en Costa Rica. El documento está dirigido al Rey, al presidente del Gobierno, a las tres vicepresidentas, al ministro de Asuntos Exteriores y al presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso.
La APM recuerda que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) han instado a la comunidad internacional a reforzar el apoyo a las personas privadas de nacionalidad o forzadas al exilio.
La represión en Nicaragua se intensifica
Desde 2018, Nicaragua vive una grave crisis política, social y de derechos humanos. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha consolidado un control absoluto sobre las instituciones, ha eliminado la independencia del poder judicial; cerrado medios de comunicación y encarcelado a opositores, activistas, estudiantes y sacerdotes.
La represión ha forzado al exilio a cientos de profesionales, entre ellos decenas de periodistas, cuya labor informativa ha sido sistemáticamente criminalizada.
