El presidente argentino, Javier Milei, se ensaña contra la prensa argentina. Ataca a periodistas, judicializa la crítica y persigue con nombre y apellido. La democracia, en riesgo.
Judith Victoria Cherquis
Javier Milei presentó nuevas denuncias penales contra al menos cinco periodistas por los delitos de injurias, calumnias y “falsa imputación”. La medida profundiza la estrategia de judicialización de la crítica periodística que el gobierno ya había mostrado.
Las agresiones a profesionales de la prensa se han vuelto sistemáticas. No se trata de episodios aislados ni sólo de expresiones en redes sociales. El presidente y funcionarios de alto rango señalan públicamente a comunicadores y generan una cadena de hostigamiento que incluye injurias, acoso digital y, en algunos casos, denuncias judiciales.
La Federación Internacional de Periodistas FIP se solidariza con el gremio de prensa argentino y repudia la utilización del sistema judicial como herramienta de amedrentamiento, lo que configura un cercenamiento de las garantías constitucionales que protegen la libertad de expresión.
Denuncias recientes
El presidente Javier Milei presentó varias denuncias penales contra periodistas desde el inicio de su mandato. Los casos incluyen acusaciones por calumnias, injurias y falsa imputación. Algunas denuncias ya fueron desestimadas por la Justicia. Otras permanecen en trámite. Los organismos internacionales como la Federación Internacional de Periodistas (FIP) advierten sobre un uso intimidatorio del sistema judicial que afecta la libertad de prensa.
Denuncias contra periodistas de La Nación, Canal 13 entre otros.
El 9 de mayo de 2025, Milei denunció penalmente a los periodistas Carlos Pagni (La Nación, LN+), Ari Lijalad (El Destape) y Viviana Canosa (Canal 13). En los tres casos, el presidente los acusó de calumnias e injurias.
El 4 de junio, el juez federal Daniel Rafecas desestimó las denuncias contra Pagni y Lijalad, afirmando que no hubo delito y que sus expresiones están amparadas por la libertad de prensa. La causa contra Canosa permanece en trámite sin resolución al momento.
Denuncia contra Julia Mengolini
El 1 de julio de 2025, Milei denunció penalmente a la periodista Julia Mengolini por injurias, calumnias y falsa imputación. La denuncia se presentó en el Juzgado Federal N.º 7, a cargo del juez Sebastián Casanello, con patrocinio del abogado Francisco Oneto.
Mengolini había declarado en C5N, radio y redes sobre el vínculo sentimental entre Milei, su hermana Karina y sus perros. La causa está en etapa preliminar. No hay sentencia.
Denuncias de Cúneo Libarona contra Nancy Pazos y Darío Villarruel
El 4 de junio de 2024, el entonces ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona presentó denuncias penales contra los periodistas Nancy Pazos y Darío Villarruel. Los acusó de instigación a cometer delitos, en base a expresiones radiales vinculadas a los primeros meses del gobierno. Ambos casos siguen activos. No hay fallos ni resoluciones judiciales disponibles públicamente.
Nuevas denuncias en julio de 2025
Según informó la Federación Internacional de Periodistas (FIP) el 3 de julio de 2025, Milei amplió su ofensiva legal contra la prensa con nuevas denuncias contra Jorge Rial, Fabián Doman, Mauro Federico y Nicolás Lantos. Las denuncias incluyen los delitos de calumnias, injurias y falsa imputación.
Estas causas también permanecen abiertas. No registran resoluciones judiciales públicas hasta la fecha.
La estrategia judicial del presidente Milei contra periodistas suma al menos nueve denuncias individuales desde 2024. En algunos casos, como los de Pagni y Lijalad, la Justicia ya determinó que no existió delito. En otros, los procesos siguen en trámite.
Diversos organismos nacionales e internacionales alertan sobre el riesgo que implica esta conducta para la libertad de prensa en Argentina. La FIP y la SIP consideran estas acciones como formas de intimidación mediante el sistema judicial.
Esta dinámica se repite: una declaración del presidente o un ministro en medios o redes dispara la acción de cuentas anónimas o trolls organizados en X (antes Twitter). Estas "patotas digitales" atacan de forma coordinada, generando un clima de intimidación que busca silenciar voces críticas o al menos castigarlas. Algunos de estos ataques derivan en denuncias penales. Así, el acoso trasciende lo simbólico y se transforma en una amenaza concreta a la libertad de expresión y al ejercicio profesional del periodismo.
Informe Libertad de Expresión 2024
Un informe conjunto de la Universidad de Buenos Aires, FATPREN, SiPreBA y FIP detalla un deterioro sin precedentes en la libertad de expresión. Registra un aumento de ataques a periodistas, el vaciamiento de medios públicos y escolares, concentración mediática y agresiones digitales.
Casos de represión y criminalización
Según el monitoreo realizado para este informe, los casos de hostigamiento a periodistas superan el medio centenar. Amnistía Internacional ya había documentado más de 30 agresiones en julio de 2024. El crecimiento exponencial de estos ataques generó respuestas de organismos de derechos humanos, sindicatos y asociaciones de medios, tanto nacionales como internacionales.
- A inicios de 2024, el presidente Javier Milei atacó públicamente a la periodista Silvia Mercado, luego de que ella informara que los perros del mandatario ya residían en la Quinta presidencial de Olivos.El Gobierno le retiró la acreditación después de 10 años. Tuvo que ir a la Justicia para volver.
- Otro caso similar ocurrió en el contexto del Foro de Davos. La periodista Luisa Corradini reportó que Milei había hablado ante una sala semivacía. El presidente la acusó de mentirosa.
Estos episodios no solo muestran un patrón de violencia simbólica y verbal. También reflejan una política activa de intimidación contra quienes ejercen el periodismo, con consecuencias directas sobre sus condiciones de trabajo y su derecho a informar.
Cómo funciona el mecanismo
El patrón se repite: un periodista publica o comenta algo que incomoda al poder. El presidente responde con agravios, acusaciones, ironías, insultos o denuncias. Se busca denunciar, ridiculizar y silenciar a los periodistas. Los señala por su nombre, desmantela medios públicos y elimina organismos de control. Entonces, el hostigamiento se activa.
Otros casos:
- Marcelo Bonelli habló de economía. Milei lo llamó “mentiroso serial” y también atacaron a su hija.
- Romina Manguel lo entrevistó. Fue acusada de “querer destruir” al Gobierno. Sufrió acoso digital.
- Nancy Pazos criticó el manejo de alimentos. Fue hackeada, escrachada y denunciada. La Justicia desestimó el caso.
- Luciana Peker recibió amenazas de muerte. Se exilió temporalmente. ¿El motivo? Es feminista, dice lo que piensa.
- María O'Donnell ha sido objeto de múltiples agresiones verbales y digitales, muchas de ellas de naturaleza misógina y coordinadas políticamente. O'Donnell ha denunciado públicamente una serie de agresiones por parte de seguidores del presidente Javier Milei y de funcionarios del gobierno. Estos ataques incluyen descalificaciones físicas, insultos y campañas de desinformación. El presidente Milei retuiteó mensajes que la llamaban "mentirosa" y "mitómana serial", acusándola de difundir información falsa. Además, la periodista ha sido blanco de ciberacoso, con campañas de trolls organizados que difunden datos personales y fragmentos de entrevistas sacados de contexto para desacreditarla.
- Ángela Lerena fue presionada hasta salir de la TV Pública.
Más de 50 casos registrados en pocos meses.
Hostigamiento verbal, digital, judicial, institucional. A menudo, misógino. A menudo, coordinado. La pregunta no es si tiene razón o si opera. La única pregunta es si el poder puede atacarlo por lo que dice. La respuesta es no.
Comparación histórica en 42 años de democracia reciente en Argentina.
- Presidencia de Raúl Alfonsín (1983-1989). Alfonsín resistió presiones de Héctor Magnetto (Entonces CEO del grupo Clarín) para derogar el artículo 45, que limitaba la concentración mediática; incluso impulsó un proyecto más restrictivo. Hubo tensiones verbales con Clarín durante la crisis del ’89, pero no hubo persecución judicial.
- Presidencia de Carlos Menem (1989-1999) Se podría decir que disciplinó con pauta publicitaria. De esa forma evitó choques y negoció.
- Presidencia de Fernando De la Rúa (1999-2001) se debilitó institucionalmente, sin confrontar con la prensa.
- Presidencias de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015), la confrontación con Clarín fue fuerte y sostenida. La Ley de Medios (26.522) buscó limitar la concentración mediática. Fue validada por la Corte Suprema. No hubo denuncias penales contra periodistas, pero sí hostigamiento simbólico desde sectores militantes: escraches, afiches callejeros, difamaciones y estigmatización (“operadores”, “enemigos del modelo”).
- Presidencia de Mauricio Macri (2015- 2019) recortó pauta y cerró medios, pero no judicializó periodistas.
- Presidencia de Alberto Fernández (2019-2023) polemizó, pero no denunció.
Cuando el poder se ensaña con la prensa, la democracia empieza a temblar. Es así de simple.
El tema no es discutir si un periodista es mejor o peor. Más o menos imparcial. Si es honesto, veraz o responde a intereses espúrios. Innegablemente hay de todo tipo tanto en Argentina como en todos lados. Pero centrarse en si estaría o no justificado el ataque del presidente, es errar el foco. Ni siquiera si el presidente tuviera razón, se justifica el ataque institucional porque ello empequeñece la figura presidencial, la vuelve facciosa y desenfocada. El Ejecutivo no está para castigar opiniones. Está para gobernar.
Desde la Presidencia no se denuncia ni se persigue, es una cuestión de calidad institucional. Involucrarse en disputas constantes con la prensa degrada la investidura presidencial.
Tener razón no alcanza si no se puede convivir. Cuando cada desacuerdo se convierte en conflicto, cuando se trata al periodismo como una amenaza, y cuando sólo se admite la adhesión, el debate desaparece. Y sin debate, un país pierde siempre.
Los países que más se desarrollan no son los más ruidosos, sino los más estables. El pluralismo sostiene el diálogo, y el diálogo crea condiciones para atraer inversión. Sin inversión, el futuro se debilita.
La ofensiva de Milei contra el periodismo no es un impulso emocional: es una estrategia. Se aplica con método, con convicción y con respaldo. Y eso la hace más peligrosa. Porque no se trata de un exceso: es política de Estado. Usa recursos públicos, apoyo partidario y cobertura ideológica.
Defender la libertad de prensa en este contexto no es una consigna de periodistas. Es un deber de cualquier ciudadano que no quiera vivir bajo un régimen que castiga lo que se dice. Porque si se calla la prensa, se calla todo lo demás.
